Candidatos polémicos al Fiscal General: exministro de Noboa, fiscales cuestionados y jueces destituidos en el centro del concurso 2026
- elasylapluma
- 6 mar
- 2 min de lectura
Q
Quito, 6 de marzo de 2026 — El concurso público para elegir al nuevo Fiscal General del Estado (período 2026-2032) cerró inscripciones con 75 postulantes, pero la lista ya genera fuerte controversia antes de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) publique los habilitados. Varios nombres destacados llegan con vínculos a casos polémicos, cuestionamientos éticos y sospechas de conflictos de interés o alineamiento político, mientras veedores independientes y organizaciones ciudadanas advierten que el proceso podría terminar con un Fiscal cuestionado desde el día uno.
Entre los candidatos que más ruido generan:
José de la Gasca, exministro de Gobierno del presidente Daniel Noboa. Su paso directo por Carondelet lo vincula al oficialismo ADN. En redes y análisis ya se habla de “fiscal a la medida” del Ejecutivo; sus defensores destacan experiencia política y visibilidad, pero la mayoría cuestiona si podrá investigar sin sesgos a opositores o al propio Gobierno.
Carlos Leonardo Alarcón, fiscal general encargado actual. Su interinato fue impugnado con demandas de inconstitucionalidad por supuesta falta de independencia. Impulsó el juicio por Sobornos contra Rafael Correa y el proceso contra el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, pero esas mismas decisiones le valen acusaciones de parcialidad y persecución política selectiva.
Daniella Camacho, exjueza de la Corte Nacional de Justicia. Asumió funciones fiscales en casos de alto perfil, pero sus fallos en procesos de corrupción y delincuencia organizada han sido fuertemente cuestionados por algunos sectores.
Walter Macías, también exjuez de la Corte Nacional. Fue destituido por el Consejo de la Judicatura en el caso “Las Torres” (vinculado al excontralor Pablo Celi), lo que levanta dudas sobre inhabilidades éticas y administrativas.
Karol Zambrano, jueza que participó en el caso “Blanqueo Fito” contra el exlíder de Los Choneros. Su rol en investigaciones de crimen organizado genera suspicacias sobre posibles presiones externas o vínculos.
La Comisión Cívica de Seguimiento denunció irregularidades en 18 postulantes a la Comisión Ciudadana que evalúa méritos: diplomas sospechosos, bajos puntajes en lucha anticorrupción y calificaciones infladas. Veedores independientes aseguran que varios “no debieron pasar el filtro inicial” por incumplir requisitos de probidad y participación ciudadana.
El detonante mayor de polémica fue la decisión del CPCCS de eliminar la prohibición para que abogados defensores de narcotraficantes o procesados por delitos graves postulen. Esa resolución ya motivó demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (tramitadas por la jueza Karla Andrade). El asambleísta Luis Fernando Molina advirtió: “Estamos ante el riesgo real de un fiscal a la carta o capturado por el crimen organizado”.
El proceso avanza a revisión de antecedentes penales, bienes en paraísos fiscales y probidad. Organizaciones ciudadanas exigen máxima transparencia y publicidad de todos los expedientes: el nuevo Fiscal será pieza clave en la lucha contra corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada. No puede llegar con sombras ni sospechas de captura política o criminal.
En Quito, mientras los evaluadores revisan carpetas, la ciudadanía observa con desconfianza. La justicia ecuatoriana no se juega solo un cargo; se juega su credibilidad ante un país que ya no tolera más dudas.
El As y La Pluma seguirá cubriendo este concurso vital paso a paso.
Comentarios